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Violencia de Estado y violencia de género. Las paradojas en torno a los derechos humanos de las mujeres en México

Rosalva Aída Hernández Castillo
p. 86-98

Resúmenes

En este artículo, la autora reflexiona sobre el proceso contradictorio vivido en la última década en México: por un lado una política exterior en materia de derechos humanos muy exitosa a nivel internacional, en la que se han ratificado varios instrumentos internacionales en contra de la discriminación y violencia hacia las mujeres; paralelamente existe una política interna en la que la violencia de Estado se justifica en nombre de la “paz social” y se utiliza en contra de las mujeres activistas e integrantes de movimientos sociales.

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Texto integral

1El gobierno del presidente Felipe Calderón se ha caracterizado por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de criminalización de los movimientos sociales que, en nombre de la “paz social”, ha justificado la violencia de Estado y la represión. El llamado “multiculturalismo neoliberal” que caracterizó a la administración de Vicente Fox –mediante la apropiación y trivialización de las demandas de los pueblos indígenas– está siendo substituido por un neo-conservadurismo que trata a los indígenas organizados como delincuentes y que ha sustituido la retórica en torno al reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista en contra de la pobreza.

2La represión contra los movimientos sociales en México tiene una larga historia que antecede a los gobiernos panistas, pero el fenómeno del que estamos siendo testigos en esta administración es el de la legitimación de la criminalización de la disidencia mediante reformas judiciales que so pretexto de la lucha contra la delincuencia, establecen el marco legal para encarcelar y golpear a movimientos sociales.

3La estrategia utilizada por el gobierno contra los luchadores sociales ha consistido en crearles cargos federales como la “obstrucción de vías de comunicación”, “destrucción de bienes federales” o “secuestro equiparado”, por lo que en sus expedientes judiciales no aparecen cargos políticos como tales. Esta estrategia, ha permitido que tanto Vicente Fox como Felipe Calderón declaren reiteradamente que en México no existen “presos políticos”. Es por esto que algunos analistas, entre ellos Eugenia Gutiérrez y Gloria Arenas (2008), prefieren hablar de “prisión política” para referirse a todos esos casos en los que son razones políticas las que han determinado el encarcelamiento de hombres y mujeres, independientemente de los cargos que se les impute.

4Desde la cárcel de Chiconautla, Gloria Arenas, se ha dado a la tarea de reconstruir estos casos y tratar de hacer un censo parcial de víctimas de la prisión política. Gloria, ha decidido trascender las paredes de su propia prisión, para denunciar los cientos de casos en los que luchadores y luchadoras sociales han sido víctimas de un aparato de justicia al servicio del poder. Según el censo realizado por ella y por Eugenia Gutiérrez, de 1992 a junio de 2008, ha habido, por lo menos, 3 364 personas encarceladas por pertenecer al movimiento social. Ellas reconocen que esta cifra podría ser mayor, pues solamente tomaron en cuenta los casos documentados a los que tuvieron acceso. Su censo señala que entre los encarcelados ha habido, por lo menos, 238 mujeres y 174 menores de edad detenidos (de los cuales 28 son mujeres).

5Estos números se refieren a activistas que han pasado por la cárcel, muchos de ellos se encuentran ahora en libertad, pero las vejaciones y violaciones sexuales, que muchos de ellos sufrieron durante su detención continúan impunes. En lo datos que estas autoras presentan sobre prisión política en los tres últimos sexenios, señalan que en el gobierno de Ernesto Zedillo fueron encarceladas, por lo menos, 1 205 personas; durante el periodo de Vicente Fox, al menos 1 576, y para mediados del 2008 el gobierno de Felipe Calderón había encarcelado a por lo menos 337 activistas.

6Entre estos 337 activistas se encuentran los dirigentes de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encarcelados por Vicente Fox, pero sentenciados duramente durante la administración de Felipe Calderón. La impunidad que ha prevalecido en el caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco, la extrema violencia sexual utilizada por las fuerzas policiacas y la poca solidaridad expresada por los sectores de la izquierda institucional, ha convertido la represión en contra los dirigentes del FPDT en un símbolo de anti-democaracia en México (véase Hernández Castillo 2006). A tres años de la violenta represión contra los habitantes de San Salvador Atenco, continúan en la cárcel los dirigentes campesinos Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y el estudiante de derecho de la UNAM y asesor legal del movimiento, Héctor Galindo, quienes el año pasado fueron condenados a 67 años de prisión. No conformes con esta velada cadena perpetua, el 21 de agosto del 2008 se les impuso a Ignacio del Valle, principal dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, una nueva condena de 45 años más. Ese mismo día, Juan Carlos Estrada Romero, Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Pedro Reyes Flores, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes y Julio César Espinoza Ramo fueron sentenciados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión.

7Mientras tanto los principales responsables de las violaciones sexuales cometidas el 3 y 4 de mayo del 2006 caminan libres por las calles del Estado de México y las mujeres víctimas de la violencia sexual siguen esperando justicia. Los informes dados a conocer por organismos de Derechos Humanos parecen haber sido archivados. Ya pocos medios de comunicación hacen referencia a ese evento y el gobernador del Estado de México, parece haber iniciado su campaña presidencial para el 2012 con spots televisivos que nos hablan de logros, inversiones en infraestructura, con los que se pretende tapar el baño de sangre con el que se cubrió el pueblo de Atenco.

8En el contexto de la actual administración, la criminalización de los movimientos sociales ha ido acompañada de la militarización y la violencia de Estado, como lo muestran la represión violenta contra el movimiento magisterial en Oaxaca y Morelos, y la guerra de baja intensidad contra el movimiento zapatista en Chiapas. Las mujeres indígenas y campesinas están sufriendo de manera específica las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en aquellas regiones en donde existen antecedentes de organización política por parte de los campesinos.

9El Gobierno mexicano no sólo ha fallado en prevenir el feminicidio, entendido en un sentido amplio cómo “una categoría que incluye toda aquella muerte prematura de mujeres ocasionada por una inequidad de género caracterizada por la violación histórica, reiterada y sistémica de sus derechos humanos y civiles”, como nos lo ha demostrado la investigación promovida por la LIX Legislatura sobre Violencia Feminicidia en México (Lagarde 2006), sino que ha sido directamente responsable de la utilización de la violencia física y sexual como estrategias represivas contra los movimientos sociales.

10La violencia de género que ha sido parte de las campañas contrainsurgentes del Estado mexicano se ha dado al mismo tiempo que el gobierno ha firmado convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres y que ha emitido reformas legislativas que supuestamente promueven “la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres”.

11Ante esta política de dos caras resulta prioritario reflexionar críticamente sobre este proceso de normalización de las demandas de género, para develar las redes de poder que están haciendo uso de una retórica feminista para mediatizar la radicalidad de nuestras luchas y ocultar el uso de la violencia de Estado en contra de las mujeres.

12En los siguientes apartados analizaré primeramente los procesos de apropiación y trivialización que el Estado mexicano ha hecho de los discursos en torno a los derechos de las mujeres. Esta forma de institucionalización de la agenda feminista será analizada como parte de procesos más amplios de globalización de perspectivas hegemónicas sobre los derechos de las mujeres. Después abordaré el lado “oscuro” de la política de género del Estado mexicano, constituida por la violencia de Estado y la criminalización de los movimientos sociales, como una forma de neocolonialismo en contra de los pueblos indígenas y campesinos organizados.

La apropiación y trivialización de la agenda feminista

13La apropiación e institucionalización de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica, nos recuerda el proceso de apropiación de las demandas de los pueblos indígenas, mediante lo que Charles Hale (2005) ha llamado el multiculturalismo neoliberal. Las políticas del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas o de los derechos de las mujeres, que son producto de una larga historia de luchas de los movimientos sociales, se han convertido en parte de la retórica gubernamental que le permite al Estado mexicano legitimarse a nivel internacional, a la vez que acota y limita los alcances de estas demandas adaptándolas a las necesidades del sistema neoliberal. Charles Hale nos habla de la existencia de un “indio permitido” que es el interlocutor legitimado del multiculturalismo neoliberal, cuyas demandas por el reconocimiento no incluyen la re-distribución. ¿De igual manera podríamos hablar de un “feminismo permitido” cuyas demandas no incluyen la redistribución del poder, ni la reestructuración del Estado?

14Recuperando las propuestas teóricas de Boaventura de Sousa Santos (1997, 1998), quisiera reflexionar sobre la manera en que los discursos y prácticas en torno a los derechos de las mujeres, han jugado un papel de localismos globalizados (es decir se trata de un conocimientos locales que han sido globalizados), al pretender imponer visiones sobre un individuo libre y racional, cómo sujeto del derecho, y conceptualizaciones de igualdad y libertad, que tienen sus raíces en un lugar específico del tiempo y el espacio: en la Ilustración europea. En este sentido, pueden ser consideradas como conocimientos locales que han sido exitosamente globalizados.

15Al término de la Segunda Guerra Mundial, la causa de los derechos humanos volvió una preocupación mundial a raíz del drama del genocidio nazi y de la existencia en gran escala de presos políticos y exiliados. Es en este contexto que se aprueba, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que desde su nacimiento se convierte en un arma de muchos filos contra los sectores más desposeídos a quienes debía proteger. Su elaboración sin la participación de la mayoría de los países del mundo y su reconocimiento exclusivo de los derechos individuales pusieron en entre dicho desde sus orígenes su carácter emancipatorio.

16El concepto de derechos humanos se globaliza a partir de esta declaración y substituye la conceptualización contenida en la propuesta original de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Un hecho poco divulgado es la presencia de cuatro mujeres que firmaron la declaración: la dominicana Minerva Bernardino, la brasileña Bertha Lutz, la estadounidense Virginia Gildersleeves y la china Wu Yi-Tang. Este célebre cuarteto luchó para que se reconociera a las mujeres en los contenidos de la Carta y por su inclusión en cargos políticos dentro de la ONU, y fue en parte responsable de que el concepto de “derechos humanos” substituyera al de “derechos del hombre”.

17A pesar de las buenas intenciones que pudieran tener algunas de las promotoras de esta Carta, el contexto político en que fue elaborada determinó sus usos con duplicidad de criterios de acuerdo a los intereses de los Estados capitalistas hegemónicos. En plena guerra fría, la Declaración de Derechos Humanos se volvió en una herramienta para justificar la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de aquellos países que se oponían a sus intereses, cómo fue el caso de la intervención directa del gobierno norteamericano en el derrocamiento del gobierno democrático de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954.

18Adelantándose a los usos políticos que se podría hacer de los Derechos Humanos, el comité ejecutivo de la American Anthropological Association (AAA) preparó un año antes de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos un documento que cuestionaba el carácter colonialista de la misma. En este texto, que fue sometido a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se argumentaba que la superioridad de los valores de occidente ya había sido utilizada como excusa para justificar el control y la dominación de millones de gentes en el mundo y se señalaba: “¿Cómo la declaración que proponen puede ser aplicable a todos los seres humanos y no ser una afirmación de derechos concebidos exclusivamente en término de los valores prevalecientes en los países de Europa Occidental y América? (How can the proposed Declaration be applicable to all human beings, and not be a statement of rights conceived only in terms of the values prevalent in the countries of Western Europe and America?)” (1947: 539).

19Aunque algunas defensoras de los derechos humanos, como Karen Engle (2001: 542), se han referido a este documento como una expresión de la tolerancia sin límites de los relativistas culturales y como una de las “vergüenzas históricas” de la antropología contemporánea, otros trabajos recientes como los de Jane Collier y Shannon Speed (2000) entre los indígenas mayas de Chiapas, y los de Sally Engle Marry sobre las concepciones culturales de los derechos humanos en los organismos internacionales, nos hacen pensar que los temores de los antropólogos de la AAA no estaban tan equivocados. Shannon Speed y Jane Collier han mostrado cómo los derechos humanos se han utilizado por parte del Estado mexicano como herramienta para limitar la autonomía de los pueblos indígenas en los Altos de Chiapas. Sally Engle Merry (2003), por su parte, ha hecho etnografía de los espacios internacionales mostrando cómo, a partir de una definición limitada y esencialista del concepto de cultura, como costumbres y tradiciones, se ha pretendido culturizar conflictos y desigualdades en países del llamado Tercer Mundo sin historizar el origen de dichas prácticas, ni contextualizarlas en el marco de las relaciones de desigualdad económica y política que construyen y dan sentido a las exclusiones de género. Paralelamente a esta culturalización de las desigualdades de género, Sally Engle nos muestra cómo se “desculturizan” y universalizan las prácticas y concepciones de los organismos internacionales. Estos mismos mecanismos de “culturización” y “desculturización” han estado presentes en los organismos internacionales y en las organizaciones feministas en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres. Desde 1979, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ha habido una tendencia a contraponer los derechos de las mujeres a prácticas culturales, desculturalizando los primeros y definiendo limitadamente las segundas.

20En este proceso de culturización de las desigualdades de género y desculturización de los discursos de derechos de las mujeres, los Estados latinoamericanos han jugado un papel fundamental, con la complicidad de las organizaciones no gubernamentales feministas. El discurso desarrollista y modernizador ha tendido a culpar a las “culturas indígenas” y a las “costumbres y tradiciones” de las exclusiones de las mujeres, presentando la panacea del desarrollo y los derechos de la mujeres cómo alternativas desculturizadas ante la exclusión.

21Los derechos de las mujeres cómo “globalismos localizados” han sido promovidos por los estados nacionales cómo parte de las iniciativas por incorporar a las mujeres en el desarrollo y cumplir con los compromisos internacionales de promover políticas públicas que busquen la “igualdad” entre los géneros. La lógica subyacente en muchos de los programas estatales dirigidos hacia las mujeres rurales e indígenas es que el proceso de desarrollo avanzaría mucho mejor si las mujeres estuvieran plenamente incorporadas a él (en lugar de dejar que pierdan su tiempo “improductivamente”). En el caso mexicano, estas políticas se han centrado sobre todo en las mujeres aisladas, promoviendo medidas como el acceso al crédito y al empleo, como medios que permitirán a esa mujer integrarse mejor al proceso de desarrollo.

22La United States Agency for International Development (USAID) ha sido un importante vehículo para globalizar una agenda de los derechos de las mujeres que parte del llamado enfoque de Mujer en el Desarrollo (MED), cuya lógica subyacente es que la mujer constituye un recurso no aprovechado susceptible de aportar económicamente al desarrollo (véase Kabeer 1998).

23Bajo la influencia de estos discursos globales, otorgar derechos a las mujeres es incorporarlas a un proceso de desarrollo que se ve como el horizonte civilizatorio de toda la humanidad en contraposición con las culturas locales, que “frenan el desarrollo y excluyen a las mujeres”.

Jerarquías de género en los derechos de las mujeres: complicidad y desencantos

24Durante mayo del 2004 tuve la vergüenza de ser parte de un “Tribunal” de esos que se repiten en distintas regiones del mundo, para que organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales feministas juzguen la pertinencia de las agendas de género de mujeres pobres del llamado Tercer Mundo y decidan si su trabajo a favor de los derechos de las mujeres amerita recibir apoyo de los organismos financieros. A pesar de que estos juicios públicos no son reconocidos como tales por las “especialistas” que evaluamos las propuestas de las postulantes, y que terminamos jugando un rol de poder y de imposición de principios, similar al de un jurado. En esta ocasión, el financiamiento internacional se canalizó a través de una prestigiosa ONG feminista mexicana, que ofrecía becas a mujeres indígenas para que trabajaran a favor de los derechos sexuales y reproductivos en sus regiones de origen.

25Pensando, ingenuamente, que tal vez mi participación en estos espacios podría influir en las construcciones de definiciones más amplias y menos etnocéntricas de los derechos de las mujeres, acepté la invitación de la ONG que administraba las becas a ser parte del cuerpo de especialistas que evaluaron los proyectos de las solicitantes.

26Las entrevistas y presentaciones de proyectos se llevaron a cabo en un lujoso hotel a las afueras de la ciudad de México. Las mujeres indígenas procedentes de distintas regiones del país tuvieron que viajar a ese lugar para hacer una defensa pública de sus proyectos. Las seis evaluadoras éramos feministas académicas y/o activistas, todas no indígenas, y la mayoría procedentes de la ciudad de México. Sentadas en un medio círculo, junto con el cuerpo directivo de la ONG y con la directora regional de la agencia internacional que daba los recursos para las becas, empezamos las entrevistas de las postulantes.

27Una a una las mujeres indígenas fueron pasando frente al “jurado”, algunas presentaban en perfecto español, otras en un español entrecortado, a veces mezclado con sus propios idiomas indígenas; unas exponían apoyadas con papelógrafos preparados con anticipación y otras manejaban de manera muy hábil la computadora y el power point y contestaban una a una las preguntas de las seis evaluadoras. Le tocó el turno a Amanda, una mujer náhuatl del sur de Veracruz, con 15 años de experiencia trabajando como promotora de salud. Mediante papelógrafos nos habló de la importancia de la medicina tradicional para la auto-atención de las mujeres indígenas, de las concepciones holísticas de la salud que daban sentido a la medicina indígena y de la importancia de recuperarlas en la atención a los problemas de las mujeres. La directora de la financiadora, un poco cansada por la falta de mención a los derechos reproductivos de las mujeres, la interrumpió y preguntó de manera directa: “¿Cómo defines tú la salud reproductiva? ¿Qué tiene que ver tu propuesta con los derechos reproductivos de las mujeres?” Un poco sorprendida por la interrupción, Amanda respondió repitiendo una definición estándar que aparecía en los folletos de promoción de las becas. La funcionaria atacó de nuevo de manera frontal:

28– ¿Qué piensas del aborto?

29Amanda se quedó atónita ante la pregunta y guardó silencio.

30– ¿Piensas que las mujeres indígenas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo?– continuó la entrevistadora.

31Amanda respondió con otra pregunta:

32– ¿Decidir qué cosas?

33La directiva empezaba a exasperarse por la falta de respuestas concretas de la postulante. Las demás observábamos con un silencio cómplice el evidente hostigamiento.

34– ¿Qué sabes sobre el feminismo?

35– Bueno –respondió Amanda de manera pausada– creo que está bien que las mujeres tengamos derechos, pero no estoy de acuerdo con las feministas que se pelean con los hombres y quieren separar los mundos.

36– ¿Cuáles feministas son estas? –interpeló nuevamente la funcionaria,– ¿Puedes nombrar a alguna?

37Amanda estaba a punto de estallar en llanto, cuando indignada por el performance de poder que estábamos presenciando, interrumpí a la representante de la agencia financiadora, respondiéndole:

38– Creo que te equivocas de lugar y de persona para hacer estas preguntas, si quieres yo te puedo dar una larga lista de feministas excluyentes e intolerantes”.

39Amanda obtuvo la beca y para mi suerte yo nunca más he sido invitada a participar en estos “tribunales”. La experiencia de Amanda y de las becas para trabajar sobre derechos reproductivos, dan cuenta de la manera en que el financiamiento internacional está impactando las agendas de género de las mujeres indígenas, legitimando unas luchas y deslegitimando otras. Las organizaciones feministas nacionales han sido cómplices de estas imposiciones priorizando una agenda de género que tiene la salud reproductiva y de manera más específica el derecho al aborto y a la anticoncepción en el centro.

40Sin negar la importancia que ha tenido el reconocimiento de la existencia de “derechos reproductivos” a partir de la Reunión Internacional sobre Mujeres y Salud en Amsterdam en 1984, es necesario señalar que las definiciones más amplias de los mismos que incluían el derecho a todas las condiciones económicas y sociales que posibilitaran la salud de las mujeres, han sido substituidas por un discurso regulatorio que homologa el concepto de “derechos reproductivos” a control de la natalidad y derecho al aborto. Algunas feministas críticas del llamado Tercer Mundo, como Sylvia Marcos y Shu-Mei Shi, se refieren a las redes de poder que se mueven detrás del discurso salud reproductiva y a los silencios y limitaciones del mismo, señalando que:

“El movimiento mundial por la salud de las mujeres ha orientado mucha de su agenda a los derechos reproductivos, como si no existieran otros muchos temas importantes en lo que respecta a la salud de las mujeres. Las mujeres pobres se están muriendo de desnutrición, de enfermedades curables si tienen acceso a recursos médicos, y carecen de muchas otras cosas que son indispensables para el bienestar y la sobrevivencia” (Marcos 2005: 147).

“La implicación negativa más extrema del control de la población mediante la retórica de los derechos reproductivos es que hace eco al viejo paradigma imperialista de la eugenesia. Mientras que los países desarrollados están promoviendo la reproducción debido al envejecimiento de su población y la baja en las tasas de natalidad, en los países en desarrollo o subdesarrollados hay un control de la reproducción en el nombre del “derecho a elegir” de las mujeres sobre sus cuerpos” (Shu-Mei 2005: 148).

41Paralelamente a la globalización de definiciones liberales de los derechos de las mujeres que son presentadas como universales, estos mismos discursos han sido utilizados para justificar la intervención militar de los Estados Unidos en aquellos países cuyas “culturas patriarcales y antidemocráticas” violan los derechos de las mujeres. Charles Hirschkind y Saba Mahmood (2002) han analizado la responsabilidad del Gobierno norteamericano en el fortalecimiento y establecimiento del régimen Talibán en Afganistán y el posterior uso contrainsurgente que el propio gobierno de George Bush hizo de los derechos humanos de las mujeres como argumento para justificar la intervención militar en esa región.

42En el caso mexicano, argumentos similares han sido utilizados por el Estado y los grupos de poder para negar los derechos políticos de los pueblos indígenas. Ante un creciente movimiento indígena que reclama una reforma constitucional que reconozca los derechos autonómicos de los pueblos, académicos y políticos que hasta ahora no habían dedicado ni una sola línea de sus escritos o de sus discursos a las desigualdades de género que viven las mujeres indígenas, repentinamente se mostraron preocupados por la manera en que el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas (calificados erróneamente como “usos y costumbres”) pueden violar los derechos de las mujeres. Las mujeres indígenas organizadas han confrontado las representaciones estáticas de la tradición que se han utilizado para descalificar sus “usos y costumbres” planteando que los sistemas normativos indígenas están en un proceso de revisión en el que las mujeres indígenas están teniendo una participación fundamental (véanse Hernández Castillo 2002b & Sierra 2004).

43Este importante movimiento de mujeres indígenas ha dado una doble lucha, planteando por un lado ante el Estado la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, y por otro, luchando dentro de sus propias comunidades y organizaciones, por replantear críticamente sus propios sistemas normativos. Al respecto la líder náhuatl y médica tradicional María de Jesús Patricio señaló:

Lo que puedo decir es que los pueblos indígenas reconocemos ahora que hay costumbres que debemos combatir y otras que debemos impulsar, y eso se nota en la participación más activa de las mujeres en las decisiones de nuestra comunidad. Ahora las mujeres ya participamos más en las decisiones de la asamblea, ya nos eligen para algún cargo y en general participamos más en la vida comunal (La Jornada, 3 de abril 2001: 9).

  • 1 Estos cambios se encuentran contenidos en el artículo 2, inciso a, apartado II de la nueva ley. Véa (...)

44En abril del 2001, los diputados y senadores mexicanos decidieron sin embargo enfrentar los “peligros de los usos y costumbres” y “defender los derechos de las mujeres”, limitando la autonomía y los espacios propios de resolución de conflictos de los pueblos indígenas al aprobar una limitada reforma legislativa en torno al reconocimiento cultural. La llamada Ley de Derecho y Cultura Indígena deja fuera el derecho al control territorial por parte de los pueblos indígenas y establece un candado que señala la necesidad de validar las decisiones de las autoridades indígenas por parte de jueces y tribunales.1

45Las mujeres indígenas nunca pidieron esta “protección” por parte del Estado que limita la autonomía de sus pueblos. Contrariamente, reivindicaron el derecho a la autodeterminación y a la cultura propia, a la vez que han luchado al interior del movimiento indígena por redefinir los términos en que se entiende la tradición y la costumbre y por participar activamente en la construcción de los proyectos autonómicos.

46Ha sido un nuevo movimiento indígena de mujeres, surgido bajo la influencia del levantamiento zapatista, el que se ha dado a la tarea de replantear las demandas de reconocimiento al carácter multicultural de la nación a partir de una definición más amplia de cultura que incluye no sólo las voces y representaciones hegemónicas de la misma, sino la diversidad de voces y procesos contradictorios que dan sentido a la vida de un colectivo humano (véanse Artía Rodríguez 2001 & Hernández Castillo 2008).

La violencia de estado como estrategia constrainsurgente

47Dentro de esta lucha por la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos y por el autogobierno, las mujeres han tenido una importante participación, aunque a veces ésta sea poco reconocida al interior de los mismos movimientos indígenas y campesinos. Las fotos de Pedro Valtierra de las mujeres expulsando al Ejército Federal de Xo’yep, en el municipio autónomo zapatista de Pohló, o cerrando el paso a las tropas con palos y piedras, en la comunidad de Morelia municipio autónomo 17 de noviembre, han dado la vuelta al mundo. En el movimiento magisterial oaxaqueño, las mujeres fueron las encargadas de tomar la radio oficial y durante tres meses fueron voces femeninas las que diariamente transmitieron desde la radio las demandas de destitución del gobierno de Ulises Ruíz y los llamados a mantener la resistencia. Estas imágenes y estas voces han venido a cuestionar las representaciones de las mujeres indígenas como pasivas y silenciosas, cuya actividad se limitaba al espacio doméstico, que habían reproducido las etnografías clásicas de Mesoamérica.

48La participación de las mujeres tanto en el movimiento zapatista como en movimientos campesinos y magisteriales, como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el “peligro desestabilizador”, los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres organizadas.

49Para los sectores más conservadores de la sociedad mestiza e indígena, la existencia de mujeres organizadas en alguna comunidad o región se ha convertido casi en un sinónimo de radicalismo político. Las mujeres organizadas, zapatistas o no zapatistas, se han transformado en un símbolo de resistencia y subversión, por lo que han sido el centro de la violencia política. El ejército, las fuerzas policiacas y los grupos paramilitares han hecho de los cuerpos de las mujeres su campo de batalla, en una estrategia contrainsurgente que trata a los movimientos sociales como “grupos terroristas”. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la criminalización de los movimientos sociales para desarticular a sus organizaciones y encarcelar a sus líderes y de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.

50Un caso que puso en evidencia la red de complicidades que posibilitan la violencia de Estado contra las mujeres indígenas, fue la violación y asesinato de una anciana náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, por parte de cuatro efectivos del ejército el 25 de febrero del 2007 en Soledad Atzompa, Veracruz, zona de influencia de la Coordinadora regional de organizaciones indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ). Pero esto no fue un caso aislado. Según reportes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las fuerzas armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca (precisamente estados en donde hay una gran efervescencia organizativa).

51Lo paradigmático de este caso es que develó una vez más el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. A pesar de que Ernestina Ascencio denunció a sus violadores antes de morir y 15 personas, entre familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas, escucharon esta denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana náhuatl, el presidente Felipe Calderón, negó la veracidad de esta denuncia, sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de “muerte por gastritis”. Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del “Supremo” fue suficiente para desmentir el certificado de defunción del doctor, Juan Pablo Mendizabal, las necropcias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de justicia de Veracruz, Miguel Mina Rodríguez, y el propio testimonio de la víctima. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), instancias creadas supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco a la versión oficial. María del Rocío García Gaytán, presidenta de INMUJERES, descalificó las últimas palabras de Ernestina Ascencio Rosario, ya que estas fueron en náhuatl y la mujer estaba moribunda (¡?).

52La misma impunidad y el mismo racismo encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales que fueron violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxicha, Oaxaca que fueron violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las indígenas nahuas, Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, quienes fueron interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41º Batallón de Infantería en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002, en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las 13 mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006, fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados.

53Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como estrategia contrainsurgente y como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto hegemónico de nación que sigue excluyendo a los pueblos indios.

54Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Diana Nelson (1999) en Guatemala, Davida Wood (1995) en Palestina o Dette Denich (1995) en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumentaliza como una forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo. Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no han sido una excepción; la militarización y la paramilitarización han afectado de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano

“se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo” (cf.: Denich 1995: 16) [traducción de la autora].

55La violación sexual se ha convertido pues en una amenaza latente contra cualquier mujer organizada o cuya familia se identifique con algún movimiento social antisistémico. El “castigo” a las simpatizantes zapatistas o las mujeres de Atenco, por romper con sus roles tradicionales de género y cuestionar las estructuras de poder prevalecientes, es un mensaje para todas aquellas mujeres que se han atrevido a levantar sus voces en los espacios públicos.

56Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala en los peores años de la contrainsurgencia, han sucedido en el México de la “transición democrática”, al mismo tiempo que el Gobierno mexicano firmaba los protocolos facultativos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (2002); de la Convención contra la Tortura (2005) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará 1998). Estos compromisos internacionales han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado.

57Esta política de “dos caras” sigue caracterizando a la administración del presidente Felipe Calderón, ya que por un lado el Congreso ha aprobado en febrero del 2008 una de las leyes en contra de la violencia hacia las mujeres más avanzada de América Latina, tipificando el delito de feminicidio, al mismo tiempo que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca eran encarceladas, y mientras que las violaciones sexuales cometidas durante los operativos policíacos y militares siguen sin castigarse.

58A lo largo de este artículo he tratado de demostrar que, no obstante la importancia de las reformas legislativas en torno a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y de los múltiples convenios internacionales sobre el tema signados por México, es importante matizar esos logros mediante el análisis de las prácticas concretas del Estado mexicano hacia las mujeres organizadas.

59En las últimas décadas, la lucha por las reformas legislativas ha estado en el centro de la agenda feminista, sobre todo en lo que respecta a la legalización del aborto y a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. En parte producto de estas luchas, y del trabajo de algunas diputadas feministas en el Congreso, fue la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el primero de febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación, que contribuye a dar un nuevo marco legal a las luchas feministas. Sin embargo, nuestro acercamiento a los usos de la legalidad por parte del Estado mexicano nos muestra que las luchas legislativas se topan con límites relativamente estrechos si éstas no van acompañadas de otros esfuerzos por transformar las instituciones del Estado y la cultura política de la sociedad en su conjunto, que justifica la exclusión étnica y genérica. Centrar toda la energía política de un movimiento en una lucha legislativa puede resultar desgastante y limitado si no se construye una base social que pueda presionar para que las leyes realmente se cumplan y contribuyan a transformar las relaciones de subordinación de las mujeres.

60Paradójicamente, el reconocimiento de la violencia doméstica como un problema de derechos humanos de las mujeres, ha venido a desplazar el debate en torno a los usos de la violencia de Estado como herramienta de desmovilización política contra mujeres organizadas. Muestra de esto es que entre las celebraciones oficiales en torno al 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, la mayoría gira en torno a la violencia doméstica, pasando por alto que el origen de esta celebración es precisamente la violencia de Estado contra mujeres organizadas (las hermanas Mirabal quienes se opusieron a la dictadura del Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana). La agenda feminista es parcialmente retomada o en el peor de los casos tolerada, cuando su lucha se limita al ámbito del espacio privado, en la medida en que las mujeres se organizan y denuncian el carácter patriarcal del Estado y demandan transformaciones de carácter estructural, los compromisos internacionales en contra de la violencia se olvidan y la violencia de Estado se convierte en una estrategia para “regresar” a las mujeres al espacio de lo doméstico.

61En el caso de las mujeres indígenas, las formas que toma la violencia de Estado están también marcadas por el racismo que descalifica las denuncias de violación presentadas en un idioma que no sea el español, y que las vuelve más vulnerables ante un aparato de justicia que no reconoce su idioma, ni su contexto cultural. Es también el racismo estructural lo que hace que sus vidas y sus testimonios de violencia, encuentren menos eco en las denuncias de la sociedad civil, que la violencia ejercida por ejemplo, contra intelectuales o estudiantes. La manera en que sus experiencias específicas ante el poder patriarcal dentro de sus comunidades y frente al Estado mexicano, son borradas por las perspectivas etnocéntricas de algunos feminismos y sus vidas invadidas y desestabilizadas por las fuerzas represivas, vuelve relevante el hablar de nuevas formas de colonialismo que siguen marcando las realidades de las mujeres indígenas.

62La apropiación e institucionalización de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica, nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta contrainsurgente. La denuncia de la violencia de Estado contra los movimientos sociales y la exigencia de la libertad de los y las presas políticas debe de ser una demanda urgente de las organizaciones feministas.

63En el contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista resulta fundamental ante una política de Estado que está utilizando los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en estos momentos específicos se está librando en distintas regiones de México. Demandar la liberación de los presos por razones políticas, el alto a la criminalización de los movimientos sociales y el uso de la violencia de Estado en su contra, así como exigir la desmilitarización del país, es una condición sine qua non para la construcción de una verdadera democracia en México.

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Notas

1 Estos cambios se encuentran contenidos en el artículo 2, inciso a, apartado II de la nueva ley. Véase, Perfil, en La Jornada, 28 de abril de 2001.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Rosalva Aída Hernández Castillo, « Violencia de Estado y violencia de género. Las paradojas en torno a los derechos humanos de las mujeres en México », Trace, 57 | -1, 86-98.

Referencia electrónica

Rosalva Aída Hernández Castillo, « Violencia de Estado y violencia de género. Las paradojas en torno a los derechos humanos de las mujeres en México », Trace [En línea], 57 | 2010, Puesto en línea el 01 junio 2010, consultado el 30 marzo 2017. URL : http://trace.revues.org/1494

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Autor

Rosalva Aída Hernández Castillo

Es doctora en antropología por la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II y funge como profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Se especializa en antropología jurídica y derechos humanos. Es autora de La otra frontera. Identidades múltiples en el Chiapas poscolonial (CIESAS -Porrúa 2001). Editó La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas. Antes y después de Acteal (CIESAS -CIAM-COLEM México 1998 (publicada en inglés por iwgia en 2001 y reeditado en español en 2008).

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