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Conflicto social y reterritorialización. Miradas cruzadas sobre movimientos rurales y regionalistas en Bolivia

Hervé Do Alto y Lorenza Belinda Fontana
p. 24-34

Resúmenes

Desde la crisis de octubre de 2003, mejor conocida como la “guerra del gas”, el sistema político boliviano ha sido sacudido por dos movimientos: por una parte, el movimiento rural campesino-indígena, encarnado por el líder cocalero y actual presidente Evo Morales y, por otra, el movimiento regionalista, encabezado por las élites de los departamentos orientales. A partir de dos trabajos de investigación sobre la conflictividad y las nuevas configuraciones políticas en Bolivia, desde la elección de Morales, este artículo se propone dar cuenta de las múltiples expresiones político-organizacionales generadas por nuevas formas de territorialidad, como resultado de las demandas sociales y de las recientes reformas institucionales y normativas a lo largo de la última década. Desde estas miradas cruzadas, con bases empíricas y perspectivas analíticas, tanto los movimientos regionalistas como los movimientos indígena-campesinos, muchas veces considerados fenómenos diametralmente opuestos e incluso mutuamente reactivos, aparecen como el resultado de un proceso paralelo y entrecruzado de reconfiguración territorial, a partir de un alejamiento del ámbito nacional y de la política partidaria, y de un retorno hacia lo local, donde un nuevo vínculo entre identidades y territorios se alimenta y prospera.

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1Desde la crisis de octubre de 2003, mejor conocida como la “guerra del gas”, el sistema político boliviano ha sido constantemente sacudido por dos movimientos: por una parte, el movimiento social popular, dotado de un núcleo rural campesino-indígena representado por el líder de los cultivadores de coca (los cocaleros) y actual presidente, Evo Morales y, por otra parte, el movimiento regionalista, encabezado por las élites de los departamentos de la “media luna” (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Si bien la literatura tiende a excluir a las organizaciones regionalistas del estudio de los movimientos sociales bolivianos (García Linera et. al., 2004), es posible encontrar puntos de comparación con los movimientos generalmente considerados como “populares”. Entre éstos, se encuentra la elaboración de una producción discursiva que pone énfasis sobre la común identidad de corte etno-cultural con un fuerte arraigo territorial, sea en la región o en la comunidad indígena. Si ambas identidades tienen características propias (entre las que hay diferencias significativas tanto a nivel de recursos económicos como de liderazgos), los proyectos políticos y sociales obtienen legitimidad por el hecho de enmarcarse en el proceso de descentralización iniciado en Bolivia durante la década de 1990 con la Ley de Participación Popular (1994) –una legitimación revitalizada por las demandas de autonomías regionales e indígenas en el marco del proceso constituyente de 2006-2009.

2Este artículo propone una mirada analítica a la reterritorialización conflictiva de la política en Bolivia, a través del estudio de estos dos casos empíricos, a la luz de dos momentos históricos decisivos. El primer momento corresponde a la legitimación de un nuevo paradigma de políticas públicas –el paradigma neoliberal– que desembocó en una reconfiguración normativa e institucional del país a partir de 1985, con base en la descentralización y la concentración de la intervención pública sobre las poblaciones vulnerables (pro-poor policies), entre las cuales se encontraban los pueblos indígenas (etno-desarrollo). En el segundo momento –el posneoliberal– que empieza tras la victoria de Morales en 2005, dos grupos extremadamente distintos, las élites orientales y los pobladores del mundo rural, logran movilizar la misma justificación (la soberanía sobre el territorio local) de cara a la evolución radical de un escenario político nacional conquistado por el Movimiento al Socialismo (mas). En ambos casos, estos grupos sociales se movilizan tanto a nombre de la profundización del proceso de descentralización, como en identidades de corte etno-cultural. Se propondrá, a partir de este análisis, una mirada comparativa a las características y evoluciones del conflicto social en Bolivia, indirectamente derivado de las actividades de apropiación de este proceso de reterritorialización, tanto por el Estado central como por los actores locales, en un contexto político particularmente inestable. Asimismo, se tratará de explicar cómo las reconfiguraciones político-administrativas derivadas de una descentralización supuestamente democratizadora pueden ser el objeto de movilizaciones por parte de los distintos actores para imponer su definición legítima de la reforma estatal, configurando, a su vez, un escenario político particularmente inestable.

El movimiento oriental autonómico, entre demandas democratizadoras y repliegue del conservadurismo

3Según el historiador argentino Hernán Pruden, “el autonomismo [cruceño] fue inversamente proporcional a la capacidad de las élites locales en ejercer una influencia sobre el proceso político nacional” (Pruden, 2008). En efecto, la imagen de una Bolivia oriental en ruptura con el escenario político no es para nada una constante en la historia boliviana. Más bien, la configuración actual debe mucho a las evoluciones políticas nacionales que fomentaron un repliegue relativamente reciente de las élites locales hacia sus regiones –un proceso acompañado por la producción de un discurso de justificación basado en una retórica identitaria. Para tratar de entender las evoluciones políticas y sociales que originaron este revival regionalista en el Oriente boliviano, es necesario un breve recuento histórico del uso práctico de la demanda autonómica –históricamente vinculada a “lo amazónico” o “lo cruceño”– en la era contemporánea.

  • 1 Lanzado en 1942 tras la iniciativa de la cooperación estadounidense, el Plan Bohan tenía como objet (...)

4Si bien existió un movimiento regionalista oriental hasta 1970, éste dejó de existir políticamente tras la llegada al poder del general Hugo Banzer Suárez, mediante un golpe de estado el 21 de agosto de 1971. Hasta ese año, las demandas regionales de la Amazonia se concentraban particularmente en el departamento de Santa Cruz, la única ciudad oriental que contaba con un desarrollo urbano y económico significativo. El movimiento regionalista se encarnaba entonces en el Comité Pro Santa Cruz (cpsc), una estructura fundada en 1950 con la ambición de aglutinar las “fuerzas vivas” del departamento amazónico, de los grupos de empresarios hasta los sindicatos obreros –pero bajo una hegemonía conservadora a nivel político, ilustrada por las simpatías de los líderes cruceños hacia la Falange Socialista Boliviana (fsb) (Lacombe, 2006). Si bien el régimen nacional-popular surgido de la Revolución Nacional de 1952 condujo varios planes de desarrollo en el Oriente, incluso con cierto éxito,1 no dejaría de enfrentarse a la resistencia conjunta de la fsb y del cpsc, radicalmente opuestos a la implementación en territorio cruceño de la reforma agraria, entre otros, y a un poder sospechoso de “andinocentrismo” (Barragán, 2008).

5El llamado Banzerato (1971-1978) –sin duda uno de los más sangrientos capítulos de la historia contemporánea boliviana– consagra la llegada del cpsc a una posición estratégica al seno del campo de poder boliviano. Sin aparecer como un actor político de primer plano –aunque Falange sí se suma al gobierno de Banzer–, el Comité constituye un apoyo económico de peso a la dictadura. Lo que el régimen militar, a su vez, retribuye generosamente, la década de 1970 es la del boom económico de la región, que pasa a convertirse en una metrópoli industrial. Si este auge económico empieza en los años anteriores, gracias al petróleo y la agricultura, el crecimiento cruceño se mantiene a pesar de las crisis económicas gracias a un esfuerzo presupuestario ordenado desde el estado central, es decir, desde el régimen de Banzer, que favorece nítidamente a Santa Cruz y a los varios grupos económicos vinculados al cpsc (Lavaud, 1991). La captación a una escala significativa de los recursos estatales por parte de las élites cruceñas se acompaña por una relativa dilución de las demandas autonómicas regionales.

  • 2 Estos tres partidos mantenían relaciones muy tensas entre ellos: si el mnr de Paz Estenssoro era co (...)

6El fin del Banzerato y el retorno a la democracia en 1982 no desemboca en la marginación de las élites cruceñas, a pesar del apoyo explícito de éstas a las dictaduras militares. Tras la caída del gobierno de centro-izquierda de Hernán Siles Zuazo (1982-1985) se consolida un sistema de partidos relativamente homogéneo, que comprende al partido de la Revolución Nacional de 1952, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr); al partido del ex dictador Banzer, Acción Democrática Nacionalista (adn) y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir), partido forjado al calor de las luchas democráticas de 1970. A pesar de las matrices sociohistóricas distintas de las cuales surgieron estos partidos, y de los conflictos que los opusieron en el pasado,2 la colaboración entre gobiernos de turno e instituciones internacionales, de cara a la crisis de la hiperinflación que afectó a América Latina a inicios de 1980, contribuyó a dar forma a una suerte de consenso de facto en torno a la implementación de una política económica de corte neoliberal, basada en la privatización de las empresas públicas y la desregulación de los mercados –un consenso ilustrado por amplias coaliciones que terminaron abarcando indiferentemente a unos u otros partidos. Para las élites cruceñas, ese periodo neoliberal (1985-2005) significó un momento de intensa “inversión” de los partidos políticos, más allá de cualquier clivaje de orden ideológico, institucionalizando también canales de representación política bajo una lógica corporativa-regional. Si bien existe una sobre representación de los cruceños en la adn por el vínculo que mantiene Banzer con la región, las élites orientales garantizan una presencia en los principales partidos del escenario nacional, a través de la intermediación del cpsc como indispensable mediador de cualquier carrera po­lítica cruceña (Lacombe, 2007). El Comité, por su parte, tiene entonces asegurados tanto posiciones institucionales estratégicas a la cabeza del aparato estatal (en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, inra, por ejemplo), como espacios en cada nuevo gobierno –una práctica conocida como el “cupo cruceño”.

  • 3 El conflicto, que se extendió de septiembre a octubre de 2003, en torno a la exportación de gas a E (...)
  • 4 Estos comicios confirman en ese entonces la crisis de los partidos gobernantes, siendo el mnr el ún (...)

7La “guerra del gas”, que opuso una gran mayoría de organizaciones sociales a los partidos gobernantes que estructuraban la vida política desde 1980,3 puso en peligro esta configuración, tan beneficiosa hasta entonces para las élites cruceñas. El primer momento de crisis es la llegada al poder de Carlos Mesa el 17 de octubre de 2003, tras la huida del primer mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. Mesa pretende entonces gobernar sin los partidos, considerando que la crisis de octubre no solamente ilustra el agotamiento del modelo económico, sino también el de la representación política. Pone fin también a la práctica del “cupo cruceño”, las élites cruceñas pagando así su apoyo a Sánchez de Lozada. Es un cruceño, militante del mir, el que encarnará la oposición de los viejos partidos a Mesa: Hormando Vaca Díez. Mesa no solamente contribuye al clima de hostilidad en contra de los partidos, sino que también los debilita institucionalmente al promulgar una nueva Ley de Partidos que rompe con la rigidez de la norma anterior: con la creación de “agrupaciones ciudadanas”, ya no es necesario enfrentarse a los obstáculos administrativos y económicos que condicionaban antes la obtención de una personalidad jurídica, indispensable para que un partido pudiera postularse. Si bien es cierto que la nueva norma contiene la avanzada del único partido que logra capitalizar la crisis de octubre a su cuenta, el mas de Evo Morales, en las elecciones municipales de 2004,4 la anticipación de la crisis de las antiguas contiendas políticas incita a los cruceños a invertir en nuevas siglas, con arraigo local. Ahí empieza la fragmentación de la oposición y su corolario: el renacimiento de un movimiento autonómico en el Oriente, que desemboca en una serie de movilizaciones populares en favor de una reconducción del proceso de descentralización, mediante la implementación de la autonomía departamental. Otra vez alejadas del proceso político nacional, una vez más enarbolando la bandera del autonomismo: tal es el nuevo giro estratégico de las élites cruceñas a inicios de siglo XXI.

  • 5 Rubén Costas, ex líder del cpsc, se postula como candidato a la prefectura de Santa Cruz con la sig (...)
  • 6 Coincidimos con Miguel Centellas sobre el hecho de que la identidad “camba” puede ser analizada com (...)

8Opuestos a la “Agenda de octubre” impuesta por los movimientos sociales andinos, el cpsc y sus aliados en el resto del país –la “media luna” que abarca también a los departamentos de Beni, Pando y Tarija– logran promover una agenda alternativa tras un cabildo masivo en Santa Cruz el 28 de enero de 2005: la “Agenda de enero”, que exige la elección del prefecto departamental, hasta entonces nombrado por el presidente, por sufragio universal y un referéndum relativo a la implementación de estatutos autonómicos en cada departamento del país. La primera demanda es concedida por Mesa mediante una ley en abril de 2005, que garantiza que se realicen estas elecciones, paralelamente a las elecciones generales de diciembre: los resultados son positivos a primera vista, ya que, con tres prefectos para el mas y seis prefectos para la oposición, los departamentos aparecen como una verdadera trinchera para los líderes orientales, quienes postulan mediante siglas autonómicas,5 frente a la hegemonía electoral conquistada por Morales a nivel nacional con más del 53% de los votos para presidente. Sin embargo, esta evolución resulta poco productiva a mediano plazo, ya que conduce a una regionalización de la oposición, tanto a nivel organizativo como a nivel programático –la elaboración de los estatutos autonómicos convirtiéndose asimismo en el único objetivo de ésta. Atomizado, el movimiento autonómico intenta dotarse de una organización común, el Consejo Nacional por la Democracia (Conalde), y una identidad: la faceta oriental común “camba”, lo cual no deja de ser paradójico debido al hecho de que se trata originalmente de una identidad campesina de las tierras bajas, históricamente cargada de desprecio.6

  • 7 Muchos de los productos producidos en esta región tienen como mercado la parte andina del país, así (...)

9Tras meses de coexistencia pacífica entre el gobierno central y los prefectos de oposición, la nueva derrota de ésta en la elección de la Asamblea Constituyente, combinada con la aprobación de la autonomía en los cuatro departamentos de la media luna, concedida por el gobierno central, conduce a la oposición liderada por los prefectos de los departamentos orientales a lo que podríamos describir como una negación del escenario nacional y de la autoridad del gobierno central. Entre los desafíos más significativos destaca la elaboración y aprobación, por referéndum ilegal, de estatutos autonómicos, consagrando de facto una especie de federalismo no debatido al seno de la Asamblea. La secuencia 2006-2009, correspondiente al periodo durante el cual se elaboró y se aprobó la nueva constitución política del Estado boliviano, ha llevado a que la oposición intente legitimar un escenario político nacional fracturado e inviable. Defendemos la hipótesis de que no se trató de un proyecto separatista –pues un Estado “amazónico”, “camba” u “oriental” era insostenible desde un punto de vista económico–7 sino de un intento de blindaje frente a una hegemonía “evista” potencialmente duradera (Do Alto, 2008).

10Sin embargo, las actitudes de esta oposición nunca llegaron a ser homogéneas, a pesar de los intentos de articulación organizativa (Conalde) o simbólica (“lo camba”, la “media luna”). Lo ilustran los estatutos autonómicos elaborados por los distintos comités cívicos regionales: mientras Santa Cruz, región dotada de un aparato productivo significativo y que cuenta con la presencia de muchas transnacionales vinculadas al sector energético, proponía un estatuto con propuestas radicales respecto a la tierra o a la recaudación y la gestión de los impuestos, los departamentos de Pando y Tarija, altamente dependientes de los subsidios concedidos por el gobierno central, elaboraban estatutos mucho más moderados, abriendo paso a la posibilidad de un diálogo en medio de una crisis aguda.

11Otro desacuerdo también tuvo que ver con la radicalidad de la oposición al gobierno central. Algunos grupos pertenecientes a las élites, ya sea fuera de Santa Cruz (Tarija) o en su seno (el gobernador Costas), mostraron claras señales de querer dialogar con el presidente Morales tras su éxito en el referéndum revocatorio de agosto de 2008 contando con el apoyo del más del 67% de los votantes. Sin embargo, este afán de colaboración encontraría una oposición radical por parte de otros sectores que promoverían varios intentos de desestabilización del gobierno al ocupar instituciones públicas y al negar las invitaciones por parte del gobierno a negociar. Finalmente, esta estrategia será definitivamente desacreditada tras la masacre de una decena de campesinos simpatizantes del mas el 11 de septiembre de 2008, y por un supuesto intento de magnicidio en contra del presidente Morales, frustrado por un operativo “antiterrorista” en abril de 2009.

12Decisivamente marginada tras los éxitos de la masiva aprobación de la Constitución en enero de 2009 (61,4%), la extensión del régimen autonómico al conjunto de los departamentos bolivianos en la misma fecha, y la aplastante reelección de Morales en diciembre de 2009 (64,2%), la oposición conservadora, en extremo fragmentada, tanto organizativa como programáticamente, ya no constituye entonces un peligro para el oficialismo, y pierde su papel de principal protagonista de la conflictividad social que había adquirido hasta la fecha. Paradójicamente, si la creación de gobiernos departamentales puede ser, sin duda, vista como una profundización de la democracia en Bolivia, no deja de constituir una trampa que contribuyó a la fragmentación de la oposición, sinónima de repliegue, misma que la oposición no logra superar hasta ahora, mostrando asimismo los efectos ambiguos de esta reterritorialización de la política en Bolivia.

Movimientos rurales y conflictos por la tierra: organizaciones indígenas vs sindicatos campesinos

13A partir de 2008, la derrota del principal adversario político abre una nueva rearticulación en las alianzas entre los sectores que conforman la coalición de gobierno, inaugurando una nueva época de conflictos con características diferentes. En particular, se asiste a una multiplicación de episodios conflictivos que contraponen, por una parte a las organizaciones sociales y al gobierno y, por otra a los movimientos entre sí, y cuyas causas están principalmente relacionadas con dimensiones económicas, como las demandas laborales-salariales y las tensiones por el control de recursos estratégicos (tierra y materias primas) (Calderón et al., 2011; unir Bolivia, 2010 y 2011). Desde el punto de vista de la coyuntura política, este nuevo tipo de conflictividad endógena depende de varios factores, y en particular, de la imposibilidad del gobierno de reorganizar sus bases sociales a través de un nuevo sistema narrativo y de alianzas para enfrentar el cambio contextual derivado del debilitamiento de importantes amenazas externas (la derecha, los Estados Unidos) y de la prolongación del horizonte político “evista” con la reelección de 2009. A esto se suma la incapacidad de satisfacer las crecientes expectativas generadas después de la toma del poder por parte del mas y la promulgación de la nueva Constitución, elementos estructurales vinculados a problemas de pobreza, discriminación e inequidad todavía irresueltos, y un patrón histórico de formulación de demandas con base en lógicas rentistas y prebendales.

14Muchas de estas demandas por parte de los sectores sociales, sobre todo en el área rural, que han ido multiplicándose a partir de 2008, han sido relacionadas con la cuestión del control de la tierra y de los recursos naturales y se han nutrido de un clivaje identitario y organizativo entre dos ingredientes clave del mapa geopolítico de la Bolivia rural: lo indígena y lo campesino. Históricamente, la relación entre estos dos polos ha ido mutando con base en momentos de articulación y desarticulación, al ritmo de cambios contextuales y heterodirectos –a nivel nacional y global– y de decisiones ideológicas y estratégicas dependientes de los propios actores sociales.

15Con la elección de Morales, el nuevo proyecto político del mas fue orientado hacia la promoción de un acercamiento entre los dos sectores. Ésta fue una estrategia clave, sobre todo durante la campaña electoral, al principio de la nueva experiencia de gobierno y en el marco del debate constituyente. En particular, se generaron narrativas cohesionadoras –por ejemplo con la introducción del nuevo concepto trinitario, para definir el mundo rural, de lo “indígena-originario-campesino”– y se manejó el sistema de alianzas con los sectores sociales en sentido inclusivo, recurriendo a una simbología indigenista, relativamente ausente en los albores del movimiento, sin contradecir las raíces corporativas campesinas-cocaleras. En este sentido, fue fundamental el rol de Morales en cuanto líder-tótem del movimiento (Fontana, 2011), y el surgimiento del evismo en cuanto, como diría Laclau, “significante vacío” capaz de catalizar y manejar una heterogeneidad estructural “no recuperable dialécticamente” (Laclau, 2005).

  • 8 Definimos la corriente intelectual y política que se desarrolla al principio de 1980 como ‘neoindig (...)

16Sin embargo, esto no fue suficiente para revertir la desarticulación en el mundo rural que empezó en 1980 con la emergencia del neoindigenismo,8 en cuanto proyecto ideológico y político promovido desde la cooperación internacional, y un nuevo marco normativo multiculturalista inspirado en el paradigma del etno-desarrollo, que favoreció la descentralización, la reterritorialización y la democratización local como contrapartida de una general restricción de las prerrogativas del estado (Mazurek y Arréghini, 2006). La cuestión agraria ocupó un lugar central en las reformas de 1990, tanto que en 1996 se aprobó una nueva ley en la materia, llamada Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (inra). Una de las principales novedades fue la institución de las Tierras Comunitarias de Origen (tco), es decir, títulos de propiedad colectiva a nombre de pueblos indígenas reconocidos y certificados por el Estado. Diez años después, la “revolución agraria” lanzada en 2006 por el gobierno Morales, la Constitución de 2009 y la Ley de Autonomías, retomaron los preceptos jurídicos e instrumentos operativos de la Ley inra, fortaleciendo todavía más el vínculo entre identidades, pertenencia étnica y sistemas de asignación de recursos, en particular la tierra, el territorio, los recursos naturales y los espacios de poder y autonomía locales.

  • 9 Los ejemplos más importantes a nivel nacional son el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullas (...)

17En la práctica, esta reconfiguración normativa a partir de mediados de 1990, junto con la inyección masiva de fondos desde la cooperación internacional por la efectiva implementación del nuevo conjunto de políticas públicas, coincidió con el surgimiento de tensiones inéditas a partir de demandas territoriales incompatibles, abriendo nuevos frentes conflictivos a lo largo de las históricas brechas entre los principales movimientos populares rurales. En particular, con la creación de nuevas organizaciones indígenas y originarias de corte claramente etno-identitario,9 y su oposición a los sectores que tradicionalmente organizaron el mundo rural en sentido corporativo –es decir, los sindicatos agrarios– surgieron y tomaron fuerza visiones distintas, en ocasiones incompatibles, sobre la propiedad de la tierra y el manejo y administración del territorio, y nuevas luchas por el control del poder local y de los recursos estratégicos. Además, estos conflictos se alimentaron de una especie de antagonismo ontológico entre movimientos sociales estructurados alrededor de un nuevo clivaje de tipo etno-cultural que, por un lado, favoreció el fortalecimiento y surgimiento de viejas y nuevas identidades indígenas, llevando al mismo tiempo hacia la etnización de las narrativas campesinas y clasistas.

  • 10 Con base en datos aproximados del inra (2006), en Bolivia, 91% de la tierra está en las manos de gr (...)

18El hecho de que los conflictos agrarios en la fase histórica reciente tengan una evidente carga política y cultural no significa que el problema de la tierra no sea una cuestión tanto compleja como irresoluta en Bolivia, a pesar de que la reforma agraria esté a punto de cumplir 60 años. En particular, la escasez de la tierra constituye un elemento estructural que está en la base de estos conflictos. Esto se debe a varios factores: el crecimiento de la población, los mecanismos de administración de la herencia que tienden a parcelar las propiedades (minifundio), la pérdida de fertilidad del suelo y la explotación intensa de los recursos naturales. A esto se suma un sistema altamente desigual de distribución de la tierra entre familias y grupos sociales.10 Asimismo, las disputas agrarias no son un fenómeno reciente, sino que han estado al centro de tensiones y luchas cíclicas desde la conformación de los estados modernos hace doscientos años. Los problemas relativos al control, propiedad y explotación de la tierra han sido la base de importantes movilizaciones en la región, y los movimientos sociales han fungido históricamente como los articuladores de estas luchas. De hecho, la relación entre la cuestión agraria y las organizaciones sociales tiene una historia centenaria y un patrón forjado en los conflictos sociales que, a menudo, acabó en disturbios violentos. En particular, la cuestión de la tierra ha estado en el centro de las reivindicaciones de las dos principales tradiciones articuladoras de las luchas políticas en Bolivia: el indianismo y el nacional-populismo (Thomson e Hylton, 2007).

19Mirando el mapa geopolítico contemporáneo de la Bolivia rural, los conflictos entre organizaciones sociales están muchas veces enraizados en las fallas entre el Altiplano y la Amazonia, donde las desarticulaciones entre patrones identitarios son más fuertes. Muchas de estas áreas tienen el potencial de volverse zonas de colisión entre las Tierras Comunitarias de Origen (tco) indígenas y comunidades campesinas y cocaleras. Con el objetivo de controlar la tierra y catalizar a la mayoría de la población, tanto las organizaciones indígenas como los sindicatos campesinos intentaron fortalecer sus estructuras y lazos corporativos, en algunos casos llevando a cabo verdaderas campañas de conversión para atraer a los habitantes de las comunidades rurales, apoyándose en el fuerte sentido corporativo de la población local, en las ambivalencias y fluidez identitarias, y en la escasez de recursos económicos.

  • 11 Un caso relevante e ilustrativo de proceso de etnogénesis en Bolivia es el de los pueblos Leco y Ta (...)

20En algunos casos, la situación existente es bastante clara en términos de características identitarias y culturales, como en muchas áreas del Altiplano, donde Aymaras y Quechuas preservaron sus propias lenguas, culturas y estructuras organizativas tradicionales, aunque sí con un cierto grado de adaptación al sistema sindical impuesto tras la Revolución de 1952 (Rivera, 1984). En otras áreas, donde los grupos indígenas fueron en general más pequeños y vulnerables a shocks externos, la pérdida de marcadores culturales, usos y costumbres e idiomas nativos es más frecuente. En estos casos, el proceso de revitalización identitaria ha sido más complejo, y en algunos casos tomó la forma de lo que podría ser definido más propiamente como una etnogénesis,11 volviéndose objeto de duros cuestionamientos y críticas por parte de los sectores rivales.

  • 12 Para un análisis más detallado y completo de este conflicto, así como de otro aparecido en la regió (...)

21Un caso emblemático, en este sentido, es el del pueblo Leco de Apolo, en la región amazónica del norte de La Paz.12 Este conflicto es un ejemplo interesante de la nueva polarización desarticuladora que surgió en el seno de una población originariamente homogénea en cuanto a los marcadores etno-culturales, a partir de un proceso de etnogénesis. El punto de inflexión en este sentido puede ser identificado un año después de la aprobación de la Ley inra, en 1997, con la creación de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (cipla) y sus intentos de revitalizar una identidad de matriz indígena entre la población local. Esto implicó una reconfiguración de los equilibrios locales con la emergencia de un nuevo sujeto colectivo. El conflicto que siguió con la federación campesina local de la provincia Franz Tamayo, y que está todavía sin solución, se alimenta de visiones opuestas e incompatibles sobre los derechos de propiedad (tco vs propiedad comunitaria/individual) y de dos narrativas históricas con fuertes arraigos identitarios. En este contexto, la lucha por la tierra se radicaliza y opone no solamente intereses económicos y objetivos relativamente negociables, sino que introduce cuestiones identitarias con fuertes rasgos étnicos, llevando este conflicto, como otros parecidos, hacia una deriva muy difícil de manejar tanto por las organizaciones matrices como por el gobierno.

22Otro ejemplo de conflicto entre indígenas y campesinos vinculado a la tierra es el internacionalmente notorio caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (tipnis), que sigue en el centro de la actualidad política boliviana desde agosto de 2011. El 15 de ese mes, centenares de indígenas comenzaron una marcha para protestar en contra de la construcción de una carretera que atravesaría el tipnis. Las organizaciones sociales acusaban al gobierno de no haber cumplido con las obligaciones constitucionales que prevén la consulta previa a los pueblos indígenas sobre iniciativas que afectan sus territorios. Además, junto con grupos ambientalistas, consideraban que la carretera abriría el paso a la invasión del contrabando y a un descontrolado flujo de colonizaciones de grupos cocaleros, con los cuales ya existía una situación de tensión y conflicto. Por otro lado, el gobierno sostenía que la nueva infraestructura, financiada por Brasil, contribuiría a conectar Bolivia con las grandes vías comerciales transamericanas, favoreciendo así una nueva ola de desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, acusó a los indígenas de estar manipulados por la agencia de cooperación estadounidense United States Agency for International Development (usaid) que hubiera estado apoyando financiera y políticamente la marcha. Después de más de un mes, los marchistas llegaron a La Paz en medio de una gran movilización de apoyo y, el 25 de octubre 2011, Morales promulgó una ley que vetaba la construcción de una carretera por el tipnis (Perrier, 2012). Mientras tanto, sectores campesinos y cocaleros cercanos al mas organizaron varias contramarchas en apoyo a la construcción de la carretera y contra la movilización indígena.

  • 13 La Madre Tierra en la tradición andina.

23En este contexto de alta tensión, cada sector ha puesto en marcha su particular estrategia, en la cual la cuestión identitaria se ha vuelto un elemento clave de las reivindicaciones te­rritoriales. Por un lado, los indígenas desarrollaron un discurso ambientalista, en base al cual ellos serían los paladines de la Pachamama,13 tejiendo nuevas alianzas con el movimiento ecologista global y las clases medias urbanas, frente a un gobierno que ya no es identificado como el del primer presidente indígena, sino con una burocracia neodesarrollista al servicio de las transnacionales. Por el otro, los campesinos cocaleros revitalizaron su alianza con el mas, retomando un discurso desarrollista y clasista, y ocupando un espacio retórico que se había quedado debilitado a lo largo de las últimas dos décadas, después de la crisis del movimiento obrero y de la izquierda política.

Conclusión

  • 14 Por ejemplo, el reclutamiento, en señal de apertura hacia la sociedad cruceña, de ex miembros de la (...)

24A partir de dos trabajos de investigación sobre la conflictividad y las nuevas configuraciones políticas en Bolivia desde la elección de Morales, hemos dado cuenta de las múltiples expresiones político-organizacionales generadas por la nueva territorialidad creada por las recientes reformas institucionales y normativas, y a raíz de las demandas sociales de la última década. Desde estas miradas cruzadas, con bases empíricas y perspectivas analíticas, tanto los movimientos regionalistas como los movimientos indígena-campesinos, muchas veces considerados fenómenos diametralmente opuestos e incluso mutuamente reactivos, aparecen como el resultado de un proceso paralelo y entrecruzado de reconfiguración territorial, a partir de un alejamiento del ámbito nacional y de la política partidaria, y de un retorno hacia lo local, donde un nuevo vínculo entre identidades y territorios se alimenta y prospera. En otras palabras, los pedidos de descentralización aparecen condicionados por la propia integración de los actores que hemos analizado al campo político nacional (y por lo tanto a los recursos del estado central). Lo cual hace que, si bien la descentralización permite fomentar la democracia a un nivel local, ésta se ve puesta en peligro en la medida en que, por motivos distintos, la percepción del estado central como amenaza para sus propios intereses conduce a ‘rigidificar’ las identidades sobre las cuales los actores se movilizan (y buscan obtener recursos simbólicos y materiales) y, de ahí, contribuir a un escenario de conflictividad intensa. Por su parte, el gobierno de Morales también trata de apropiarse este nuevo marco de intervención pública que sería la descentralización, al intentar controlar lo que podría también aparecer como un desmembramiento del estado central, a través de la introducción de nuevas medidas como, por ejemplo, el sufragio universal directo para las autoridades locales, y tejiendo un nuevo sistema de alianzas a geometría variable tanto en el campo (consolidación de la alianza campesinos-mas y alejamiento de los indígenas, en vía de acercamiento con varios partidos opositores hoy en día) como con algunas franjas marginadas de la oposición.14

25En este contexto de fuerte inestabilidad, la implementación del nuevo régimen de autonomías, establecido por la Constitución y reglamentado por la Ley Marco de Autonomías de 2010, constituye uno de los principales desafíos para el próximo futuro, tanto para el gobierno como para las distintas fuerzas sociales, abriendo una nueva fase de reterritorialización y esbozando para Bolivia un nuevo complejo mapa geopolítico e identitario.

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Bibliografía

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Notas

1 Lanzado en 1942 tras la iniciativa de la cooperación estadounidense, el Plan Bohan tenía como objetivo el despegue del departamento cruceño. Sin embargo, sería el gobierno revolucionario de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956) el que daría inicio concretamente a la implementación del Plan, siendo la carretera Cochabamba-Santa Cruz y el ingenio azucarero Guabirá los mayores logros de éste.

2 Estos tres partidos mantenían relaciones muy tensas entre ellos: si el mnr de Paz Estenssoro era combatido tanto por la adn como por el mir, estos dos últimos se habían enfrentado directamente en los años 1970, pues el mir nació de la resistencia al régimen de facto de Banzer (García Montero, 2001).

3 El conflicto, que se extendió de septiembre a octubre de 2003, en torno a la exportación de gas a Estados Unidos por un puerto chileno, culminó con la masacre de más de 60 personas en la ciudad de El Alto. El entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, renunció a su cargo el 17 de octubre y huyó a Estados Unidos, donde reside hasta la fecha.

4 Estos comicios confirman en ese entonces la crisis de los partidos gobernantes, siendo el mnr el único partido que sobrevive con 7% de los votos. El mas, con 18%, alcanza el primer lugar, siendo el único en conseguir más de 10% de los sufragios a nivel nacional.

5 Rubén Costas, ex líder del cpsc, se postula como candidato a la prefectura de Santa Cruz con la sigla apb (Autonomía Para Bolivia).

6 Coincidimos con Miguel Centellas sobre el hecho de que la identidad “camba” puede ser analizada como una identidad étnica (Centellas, 2010). En efecto, un trabajo de campo nuestro sobre el mas en las ciudades de Santa Cruz y Cobija (Pando) en 2009-2010 nos llevó a constatar el hecho de que, siendo el partido de Morales construido en la Amazonia por migrantes andinos, existe un clivaje de corte étnico-cultural oriente-occidente que no solamente atraviesa el campo político local, sino también el propio partido oficialista. Lo que supone lógicamente que la identidad “camba”, a pesar de ser una identidad “elástica” en el sentido de Giovanni Sartori, no deja de ser excluyente vis-à-vis los migrantes andinos.

7 Muchos de los productos producidos en esta región tienen como mercado la parte andina del país, así como en los países socios de la Comunidad Andina, Perú y Chile.

8 Definimos la corriente intelectual y política que se desarrolla al principio de 1980 como ‘neoindigenismo’, para distinguirlo del indigenismo que se difundió en América Latina en la primera mitad del siglo xx como “un elemento esencial de la ideología de etnogénesis nacional, la creación de una nueva identidad nacional a partir de lo mestizo” (Canessa, 2006: 244).

9 Los ejemplos más importantes a nivel nacional son el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (cidob).

10 Con base en datos aproximados del inra (2006), en Bolivia, 91% de la tierra está en las manos de grandes latifundistas, mientras 71% de la población cuenta solamente con 9% de las tierras.

11 Un caso relevante e ilustrativo de proceso de etnogénesis en Bolivia es el de los pueblos Leco y Tacana (Dudley: 2005; Herrera et. al., 2004).

12 Para un análisis más detallado y completo de este conflicto, así como de otro aparecido en la región de Quila, Provincia Oropeza de Chuquisaca, véase Fontana, 2012.

13 La Madre Tierra en la tradición andina.

14 Por ejemplo, el reclutamiento, en señal de apertura hacia la sociedad cruceña, de ex miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, tropa de choque del cpsc, cuya fracción quedó apartada tras los intentos de desestabilización a los cuales estaban vinculados.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Hervé Do Alto y Lorenza Belinda Fontana, « Conflicto social y reterritorialización. Miradas cruzadas sobre movimientos rurales y regionalistas en Bolivia », Trace, 63 | 2013, 24-34.

Referencia electrónica

Hervé Do Alto y Lorenza Belinda Fontana, « Conflicto social y reterritorialización. Miradas cruzadas sobre movimientos rurales y regionalistas en Bolivia », Trace [En línea], 63 | 2013, Puesto en línea el 19 febrero 2014, consultado el 20 noviembre 2017. URL : http://trace.revues.org/946

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Autores

Hervé Do Alto

Doctorando en Ciencias Políticas, Université Paris Ouest Nanterre, Francia. Institut des Sciences Sociales du Politique (ISP). Maison Max Weber (bâtiment T), 200 avenue de la République, 92001 Nanterre Cedex, Francia. Teléfono: +33 (0)1 40 97 76 52. Correo electrónico: herve.doalto@gmail.com

Lorenza Belinda Fontana

Investigadora en Ciencias Políticas, University of Sheffield, Reino Unido. Sheffield Institute for International Development, ICOSS Building, 219 Portobello Road Sheffield, S1 4DP. Reino Unido. Teléfono: +44 (0) 11 42 22 60 68. Correo electrónico: l.fontana@sheffield.ac.uk

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